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El 15 de junio del presente año, se aprobó en Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el Proyecto de Ley de Servicios Sociales, que sustituirá a la actual, en vigor desde 2003, para dar respuesta a los cambios legislativos y especialmente a la transformación de la realidad social producida desde entonces y que se ha visto acentuada en los últimos años por la pandemia y la crisis económica.
 
Comienza ahora el trámite parlamentario de una modificación de la norma demandada históricamente por las entidades del Tercer Sector de Acción Social. Un camino que debe recorrerse con responsabilidad, coherencia y poniendo a las personas en el centro.
 
Cabe recordar que los servicios sociales son un elemento fundamental del bienestar y el progreso de una sociedad. La Ley de Servicios Sociales actualmente vigente en Madrid, que data del año 2003, dotó a este ámbito de actuación de coherencia organizativa, y tuvo la inestimable virtud de proporcionar a la gestión administrativa y política de estos servicios, instrumentos que permitieran el reconocimiento y garantía de los derechos sociales protegidos.
 
Sin embargo, en estos años, la sociedad madrileña ha vivido un proceso de transformación que ha modificado de manera notable su fisionomía y estructura. La Comunidad de Madrid experimenta un proceso de envejecimiento poblacional, una reducción de la natalidad cada vez más significativa, una sociedad más diversa y un crecimiento de la desigualdad. Circunstancias que han propiciado el desarrollo de nuevas políticas de inclusión, así como de prestaciones y servicios para un mayor número de personas que requieren de apoyos para mantener su autonomía, la atención de situaciones de dependencia, y también para mejorar los apoyos a la conciliación familiar y al impulso de la natalidad.
 
Es por ello necesario actualizar la normativa a la realidad social del momento actual y a las nuevas necesidades surgidas tras casi cuatro lustros desde la promulgación de la ley. Una regulación centrada en las personas, a quienes va dirigida la norma, apoyada en los principios fundamentales de la defensa de la dignidad, la universalidad, la igualdad y la no discriminación y la equidad, para lograr una sociedad de ciudadanos libres e iguales ante la ley, con las mismas oportunidades y con capacidad para elegir y decidir libremente.
 
En este debate, los diferentes grupos parlamentarios deben ser sensibles y capaces de recoger las inquietudes y necesidades que desde las entidades del Tercer Sector de Acción Social venimos reclamando. El acceso universal al Sistema Público de Servicios Sociales, la equidad territorial, el establecimiento de la Historia Social Única como instrumento básico que permita a profesionales y personas usuarias conocer las prestaciones a las que tienen derecho, el diseño de planes estratégicos y de calidad que permitan el desarrollo de programas integrales, la evaluación de impacto y la creación de mapas de servicios públicos que ayuden a satisfacer las necesidades sociales detectadas en cada momento, son algunas de estas demandas.
 
Además, es importante incluir el concierto social como fórmula de financiación para aportar estabilidad, acompañada de medidas que garanticen también la financiación adecuada y suficiente del Tercer Sector de Acción Social.
 
En todo este proceso, es vital garantizar la participación social mediante la Mesa del Diálogo Civil como órgano que institucionalice la colaboración, cooperación y diálogo entre las entidades del Tercer Sector y la Administración de la Comunidad de Madrid y reconocer al Tercer Sector de Acción Social como agente social de interlocución respecto a las políticas públicas sociales.
 
Durante el desarrollo de esta ley, echamos en falta una mayor escucha a las entidades del Tercer Sector y es por eso, que desde la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, que representa a más de 800 entidades y asociaciones, hemos elaborado un documento que incorpora numerosas enmiendas que mejoran sustancialmente el texto aprobado en Consejo de Gobierno.
 
Confiamos en que los diversos grupos parlamentarios apoyen e incorporen las necesidades que la sociedad civil reclama para lograr una ley avanzada, moderna y garantista. Una ley por y para toda la ciudadanía.
 
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